LA IMPUNIDAD: UNA AMENAZA PARA EL SISTEMA DEMOCRÁTICO (SEGUNDA PARTE)

 La impunidad: una amenaza para el sistema democrático. ( segunda parte)

Por: Miguel Antonio

Otros informes emitidos por Amnistía Internacional muestran que, en China, las estadísticas oficiales revelan que todos los años las autoridades de este país investigan centenares de casos de tortura y malos tratos. No obstante, por cada caso investigado hay innumerables más que las autoridades ocultan o de los que hacen caso omiso. En un informe reciente sobre la tortura en China, Amnistía Internacional afirmaba que «con frecuencia se ha negado la existencia de responsabilidades oficiales ante pruebas evidentes de tortura.

Según los informes, más de 50 personas detenidas murieron durante el año 2000 en Bangladesh a consecuencia de torturas, y muchas más sufrieron palizas, violaciones, descargas eléctricas y otras formas de tortura. Las autoridades rara vez han hecho algo por procesar a los culpables.

De la mano de la impunidad se encuentran lógicamente la corrupción. En varios países del mundo es ya una constante que las organizaciones públicas mediante sus gestores, utilizan sus funciones y medios a favor de un provecho económico, político o de otra índole. Diversos estudios muestran cómo la corrupción es mucho mayor en países donde los procesos ilegales están fuertemente institucionalizados. Esto nos indica que la corrupción como tal tiene una fuerte relación con la debilidad institucional. Las instituciones públicas, entendidas como un todo orgánico, con un cuerpo reglamentario que la estructura y que tienen por finalidad una función pública, no garantizan el cumplimiento de los objetivos por los cuales fueron creados.

Esto podría ser mejor apreciado mediante una gráfica que muestre las fronteras de permeación de la impunidad en distintos ámbitos sociales. En un primer momento, la impunidad puede surgir por parte de agentes individuales, entendidos como los ciudadanos en general que cometen un hecho ilícito y que no son castigados. Situación que nos lleva a una nueva frontera de impunidad que implica que quienes están encargados de brindar la seguridad de un Estado (Policía y Defensa), no castigan los ilícitos sino se suman a este efecto por acción u omisión. El Sistema de Justicia puede ser el siguiente en esta frontera que no hace cumplir la ley, también por acción u omisión. El sistema de partidos políticos no busca incentivar el pleno cumplimiento de la ley, sino que lo aprovecha en función de sus intereses, lo que conlleva incluso a poder afectar al sistema electoral. El sistema político global se convierte en una pendiente que contiene todas las fronteras de permeación de impunidad. Cuando la impunidad llega a un cierto punto, el sistema político democrático entra en crisis, por lo que se acentúan las crisis de gobernabilidad, misma que ya fue creciendo entre frontera y frontera, las reglas informales superan a las formales y la incertidumbre es latente y mucho más evidente respectivamente.

Los problemas de ilegitimidad de la democracia relacionados a hechos delictivos y homicidios son aún mayores en los países en los cuales existió o existe (como el caso colombiano), un conflicto armado interno; Guatemala y El Salvador en Centroamérica son dos ejemplos claros al respecto. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD Guatemala, El Salvador, Colombia, Jamaica y Sudáfrica son los estados con el mayor número de crímenes violentos en el mundo. La impunidad ha sido un caldo de cultivo perfecto para que los mismos se multipliquen exponencialmente en lugar de reducirse.

En definitiva, la impunidad es una amenaza para el buen desenvolviendo del sistema democrático que, desde mi perspectiva propongo lo siguiente para reducir este fenómeno:

1. Los gobiernos deben abstenerse de inmediato de realizar cualquier acto de acoso que impida a los Tribunales funcionar de manera independiente e imparcial en conformidad con el estado de derecho.

2. Debe contemplarse el pago de salarios de acuerdo con la importancia del cargo de los jueces en la sociedad. Esto puede ayudar a reducir la corrupción.

3. Los jueces deberán ser abogados formados con un nivel elevado de profesionalidad y aptitudes.

4. Es necesaria la creación de un cuerpo regulador judicial independiente para supervisar los nombramientos, la disciplina, ascensos, destituciones y salarios judiciales. Asimismo, es necesario revisar la ley referente a la seguridad de ejercicio para garantizar que es adecuada y se deben tomar medidas para reforzarla.

5. El poder judicial debería crear su propio colegio de jueces conforme a las normas

internacionales de libertad de asociación y libertad de expresión. A través de esta asociación, los jueces podrían reunirse y discutir cuestiones profesionales de interés mutuo en un entorno de apoyo. Asimismo, podría proporcionar un liderazgo judicial sólido y comprometido para garantizar la justicia y la igualdad en los tribunales.

7. Con carácter urgente, los gobiernos deben dar instrucciones a sus agentes de policía y otros agentes del estado y ordenarles que se abstengan de realizar torturas y otros malos tratos. Aquellos que sigan llevando a cabo tales acciones deberán responsabilizarse de sus acciones y recibir el castigo que corresponda según la ley. Todas las víctimas de una tortura tienen derecho a un resarcimiento que incluya una compensación.

8. Para ayudar a combatir la tortura, los gobiernos deben implementar un programa de capacitación para las oficinas de servicio de observación de la ley, servicios de seguridad y guardias de las cárceles para garantizar que cuando se enfrenten a acusaciones de tortura sean conocedores de los requisitos legales y de procedimiento establecidos en la ley internacional.